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SE REDUCEN LAS SANCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (LEY 39/2015)

La principal novedad incluida en el vigente procedimiento sancionador, se incluye en el artículo 85 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas citada (en adelante, LPACAP), en cuyo apartado primero se prevé la terminación anticipada del procedimiento, en el supuesto del reconocimiento de responsabilidad por parte del presunto infractor, prescribiéndose del mismo modo tal solución, en el apartado segundo de dicho artículo, para los casos de sanciones de carácter exclusivamente pecuniario, mediante el pago voluntario de la sanción inicialmente propuesta por la administración en el acuerdo de inicio del expediente.

REDUCCIONES EN LAS SANCIONES

En este sentido, en ambos supuestos, tanto en el relativo al reconocimiento de responsabilidad como en el concerniente al pago voluntario de la sanción, dicha actuación va a conllevar la consiguiente posibilidad de reducción del importe de la sanción propuesta en al menos un 20 %, pero pudiendo llegar hasta el doble de la misma, al ser acumulables dichas reducciones entre sí.

Por tanto, cuando la sanción tenga carácter dinerario, el pago voluntario por el presunto infractor antes de la resolución del procedimiento, determinará la terminación del mismo, aplicándose al menos un 20 % de reducción sobre la sanción propuesta, que llegaría al 40 % de reducción en el supuesto de que, junto al pago de la sanción, se reconociese por el administrado su responsabilidad, renunciando a su vez a plantear cualquier acción o recurso en vía administrativa.

Por ello, resulta lógico que en la tesitura en que el presunto infractor reconozca su responsabilidad, efectúe igualmente el pago de la sanción inicialmente propuesta por la administración, a fin de poder beneficiarse completamente de las reducciones de la sanción antes indicadas.

PERO, ¿Y SI LA ADMINSITRACIÓN NO TIENE RAZÓN?

Pero evidentemente, todo lo expuesto debe únicamente considerarse en el supuesto en el que se asuma por el presunto infractor que la sanción inicialmente propuesta, tanto en fondo como en cuantía, es acorde con la actuación aparentemente infractora que ha llevado a cabo, ya que de lo contrario, si entendiese que la administración carece de motivación o justificación suficiente para la apertura del expediente sancionador, es procedente formular las alegaciones oportunas durante toda la tramitación del procedimiento e incluso impugnar la resolución final del mismo, recomendándose el asesoramiento para ello de un profesional del Derecho.

No obstante, la propia previsión normativa del citado artículo 85, faculta, sin el menor riesgo para el administrado, a formular en todos los casos alegaciones, al menos ante la primera notificación del expediente sancionador, esto es, frente al acuerdo de inicio del mismo, toda vez que siempre y cuando, antes de la resolución del procedimiento, reconozca su responsabilidad y abone la sanción propuesta, se beneficiará de las reducciones de la sanción anteriormente explicadas.

BENEFICIOS PARA EL INFRACTOR

Ello además tiene un doble beneficio para el presunto infractor, ya que además de poder exponerle a la administración sancionadora, a través del pertinente escrito de alegaciones, sus justificaciones y motivos respecto de su falta de responsabilidad en la infracción imputada, obligaría a dicha administración a continuar con la tramitación del expediente sancionador, debiendo responder a dichas alegaciones en la preceptiva propuesta de resolución, con el inherente riesgo que una posible falta de celeridad en la resolución final del procedimiento, pudiera suponer incluso la caducidad del mismo.

En definitiva, sin obviar que en todo procedimiento administrativo, tanto sancionador como de otro tipo, la administración se configura como “juez y parte”, lo cierto es que las previsiones normativas de la LPACAP relativas al procedimiento sancionador, han creado un marco idóneo para que, ante la apertura de un expediente de ese tipo, el administrado pueda defenderse (al menos en la fase inicial del mismo) exponiendo ante la administración sus motivos y razones, y en caso de no surtir efecto dicha defensa, se halle igualmente habilitado para acogerse en un momento posterior a las bonificaciones de la sanción inicialmente propuesta.

 

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