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¿QUIEN VIGILA AL VIGILANTE? ¿Qué ocurre con los datos que se obtienen de grabaciones mediante cámaras de vigilancia?

“…… robó en un supermercado cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid” dice un titular del periódico El Mundo del 25 de abril. Ha aparecido un vídeo en el que se ven los instantes posteriores de ser sorprendida presuntamente in fraganti robando en un supermercado. Esto provoca una tormenta política que ha conllevado la dimisión de la citada dirigente. Tras 24 horas continuada de exposición mediática, caigo en la cuenta que los hechos relatados se produjeron … ¡¡¡en 2011!!.

¿Qué ha pasado para que unas imágenes de 2011 vean la luz en 2018? ¿Es esto legal? ¿Se va a publicar aquélla vez que “cogí prestado” de unos grandes almacenes una barra de labios que deseaba mi novia?

La Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras regula la captación de imágenes con fines de videovigilancia en materia de seguridad.

¿Quién tiene habilitación para visionar las imágenes? ¿Sólo la empresa de seguridad o el responsable del fichero o tratamiento, esto es, el titular del recinto vigilado? Cualquiera de ellos puede visionar las imágenes.

Con la entrada en vigor el próximo 25 de mayo del Reglamento 2016/679 de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), las empresas y profesionales deberán aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (responsabilidad proactiva).

El art. 20 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, establece la obligación de formalizar, y notificar a la autoridad competente, un contrato cuando se preste un servicio de seguridad. En el ámbito de la videovigilancia la falta de cumplimiento de dicha obligación supone una falta de legitimación para el tratamiento por parte de la empresa de seguridad. La empresa de seguridad privada que realice operaciones de instalación o mantenimiento de los servicios de vigilancia mediante cámaras debe garantizar que tales sistemas cumplan con los requisitos de la LOPD, de la Instrucción 1/2006 y, a partir del próximo 25 de mayo, del RGPD.

En particular, dada su consideración de encargados tratamiento, las empresas de seguridad tendrán que ofrecer garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del Reglamento (y los responsables del tratamiento deberán elegir únicamente estas empresas de seguridad).

¿Cuánto tiempo deben conservarse las imágenes? Tanto la Instrucción 1/2006 como la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto prevén un periodo máximo de conservación de un mes.

La Instrucción 1/2006 señala expresamente en el artículo 6 que “los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación”, quiere esto decir que una vez transcurrido dicho plazo las imágenes deberán de ser canceladas, lo que implica el bloqueo de las mismas, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.

En cuanto al modo de llevar a cabo el bloqueo, el Informe de la AEPD de 5 de junio de 2007 establece que “deberá efectuarse de forma tal que no sea posible el acceso a los datos por parte del personal que tuviera habitualmente tal acceso, por ejemplo, el personal que preste sus servicios en el centro consultante, limitándose el acceso a una persona con la máxima responsabilidad y en virtud de la existencia de un requerimiento judicial o administrativo a tal efecto.” Volviendo al asunto de rabiosa actualidad, ¿creemos que el acceso a las famosas imágenes se han limitado a una persona de máxima responsabilidad?

En cuanto al plazo de conservación de las imágenes bloqueadas, según Informe de la Agencia de 18 de febrero de 2009 “resulta imposible establecer una enumeración taxativa de los mismos, debiendo, fundamentalmente, tenerse en cuenta, como ya se ha indicado con anterioridad, los plazos de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación jurídica que vincula al consultante con su cliente, así como los derivados de la normativa tributaria o el plazo de prescripción de tres años, previsto en el artículo 47.1 de la propia Ley Orgánica 15/1999 en relación con las conductas constitutivas de infracción muy grave”.

Con ser el importe de las posibles sanciones causa importante para cumplir la normativa, el RGPD aporta otro argumento que, entendemos, va a convencer definitivamente a los responsables del tratamiento de datos personales pues, con base en su artículo 82, “toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos”.

Así pues, a partir del 25 de mayo, es factible que quien tenga que dimitir de su cargo puede reclamar una indemnización al responsable (establecimiento) o encargado de tratamiento (empresa de vigilancia) por los daños y perjuicios sufridos.

Pero entonces ¿qué ocurre si se capta la comisión de un delito o infracción? Lógicamente se pondrán en conocimiento de la autoridad competente los hechos y las imágenes, ya que ésta es una de las finalidades perseguidas por la Ley de Seguridad Privada.

Finalmente, el artículo 11.2.d) de la LOPD faculta al Ministerio Fiscal y a los jueces y tribunales para requerir datos personales incluidos en cualquier sistema de información, y por tanto las imágenes tomadas por un sistema de videovigilancia.

Firma Artículo_Lorenzo sin foto

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