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El patrimonio personal de una empresa está a salvo de Hacienda

Un juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona, limitó la facultad que tiene la Hacienda o Tesorería General de la Seguridad Social, de cobrar la deuda de una compañía en quiebra embargando los bienes personales del administrador o empresario de una sociedad.

Juan Luis Pedemonte, socio y codirector del departamento de procesal y arbitraje de RSM, explica que con esta medida, se obliga a la institución pública a demostrar que se trata de un concurso culpable, antes de comenzar a embargar el patrimonio particular del gestor.

Patrimonio personal está a salvo de Hacienda

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Tomando en cuenta todos estos aspectos, es necesario mencionar que Hacienda siempre ha tenido la condición de acreedores preferentes cuando una empresa quiebra, tal como sucede con otros organismos de la Administración Pública.

Sin embargo, al realizar una interpretación más profunda de la norma, estas instituciones se habían otorgado la prerrogativa de calificar como culpable un proceso de insolvencia, cuando la compañía tiene varios meses sin mantenerse al día con sus obligaciones fiscales, o sin atender a todas las cuotas atribuidas a la Seguridad Social.

De forma automática, esto supone la atribución de la responsabilidad patrimonial al administrador, el cual es el responsable de responder con sus bienes a las deudas que no se puedan cubrir a través de la liquidación de la empresa.

Cabe destacar, que para una entidad financiera o para un proveedor, comprobar esta culpabilidad no es una tarea fácil, debido a que es necesario demostrar que el administrador estaba consciente de la situación de insolvencia, pero igualmente incumplió el plazo de dos meses, otorgado para declarar el concurso.

Un dato importante, es que el hecho de no atender a las facturas de un único proveedor durante meses, no es una prueba suficiente para comprobar dicho punto. Por ello, siempre debe ser el juez el encargado de considerar si existe o no la responsabilidad por parte del empresario.

No obstante, el retraso en los pagos sirve como prueba para la Administración Pública, para demostrar que la empresa está en causa de insolvencia, por lo que debería estar en concurso o en la fase de la liquidación.

Por su parte, si el empresario no hubiese dado los pasos correspondientes al procedimiento, sería considerado responsable y, en consecuencia, se debe proceder a embargar sus bienes.

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