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¿QUÉ PASA AHORA CON LOS GASTOS HIPOTECARIOS?

 

A raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo 147/2018, de 15 de marzo de 2018, han surgido numerosas dudas sobre la posibilidad de reclamar este tipo de gastos a la hora de realizar una hipoteca.

¿QUÉ SON?

Son aquellos gastos que derivan de la formalización de una hipoteca, y que son necesarios para la correcta validez de la misma.

Se ve reflejada en una cláusula en la escritura de préstamo hipotecario, y en ella se imponen los gastos que deriven de la formalización e inscripción de la escritura al prestatario, sin dejarle margen de maniobra para poder negociar.

Esto fue lo que declaró el Tribunal Supremo, en su sentencia 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, diciendo que este tipo de cláusulas, en las que no había un equilibrio de pago entre las partes e imponía todos los gastos a una sola parte, eran abusivas y por tanto nulas.

¿CUÁLES SON?

Hasta ahora, a raíz de la anteriormente citada sentencia del Tribunal Supremo 705/2015, a pesar de que se incluían varios tipos de gastos, tales como la tasación o la comisión de apertura, los gastos plenamente reclamables eran:

  • Factura de Notaría.
  • Factura del Registro de la Propiedad.
  • Factura de la gestoría.
  • Carta de pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (modelo 600).

Todas estas facturas son las relativas al préstamo hipotecario, puesto que las facturas que se refieren a la compraventa no se pueden reclamar, ya que la compraventa se considera un negocio ajeno al banco.

¿A RAÍZ DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO, QUÉ GASTOS SON AHORA RECLAMABLES?

Aquí es donde surge la duda, ya que la única cosa clara que deja la mencionada sentencia del Tribunal Supremo 147/2018, es que el pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que lleva aparejada la formalización de la hipoteca, corren a cargo del prestatario, puesto que el Tribunal Supremo considera que se hace en beneficio del mismo.

En cuanto al resto de las facturas, la citada sentencia no deja claro qué pasa con ellas, al margen de indicar que debe existir un cierto reparto equilibrado en el pago de dichas facturas.

¿SE PODRÁ RECLAMAR AHORA?

Sí. A pesar de las dudas existentes en este tema, nos encontramos ya con sentencias salidas con posterioridad a la susodicha sentencia del Tribunal Supremo, en las cuales no dudan en dar la razón al prestatario, al declarar como abusiva y nula la cláusula en cuestión, por lo que la persona que quiera reclamar en los juzgados la nulidad de la cláusula tiene altas probabilidades.

La duda ahora está en la cantidad a devolver, si se reintegra toda al prestatario o si se considera que se tienen que repartir los gastos, reintegrando al prestatario únicamente la mitad de la cantidad de cada factura.

El Tribunal Supremo considera, en su sentencia 147/2018, que ” Sobre esa base de la abusividad de la atribución indiscriminada y sin matices del pago de todos los gastos e impuestos al consumidor (en este caso, el prestatario), deberían ser los tribunales quienes decidieran y concretaran en procesos posteriores, ante las reclamaciones individuales de los consumidores, cómo se distribuyen en cada caso los gastos e impuestos de la operación “.

 

Así nos encontramos ya con algunas sentencias, como por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4ª, de 20 de abril de 2018, donde considera que se deben devolver al prestatario todas las cantidades por los conceptos de Notario, Registro y gestoría, mientras que la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección 1ª, de 23 de abril de 2018 determina que deben repartirse los gastos a partes iguales.

Incluso podemos encontrar sentencias, como la de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 19 de abril de 2018, en la cual reparte a partes iguales los gastos notariales y de gestoría, pero considera que la factura del Registro de la Propiedad debe abonarla enteramente el banco, puesto que es de su interés.

En definitiva, siguen existiendo dudas en este tema de gastos de formalización de hipoteca con la devolución de las cantidades, a las que el Tribunal Supremo no ha respondido, más allá del Impuesto, el cual corre a cargo del prestatario, pero en las demás facturas no existe de momento una línea homogénea.

Lo que tenemos claro es que existe un criterio judicial uniforme que considera que la cláusula insertada en las escrituras de préstamo hipotecario es abusiva, por lo que todo aquél que lo desee puede solicitar su nulidad.

 

 

 

 

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